miércoles, 21 de septiembre de 2011

Pinta maluco

Pasó inadvertida una reciente noticia publicada por Portafolio (septiembre 6 del 2011), según la cual hay cerca de 100 proyectos petroleros frenados por la lentitud en la expedición de licencias ambientales.
Los proyectos representan inversiones por 6.700 millones de dólares y podrían estar generando rentas mensuales por algo más de 230 millones de dólares para la economía colombiana. Y estas cifras no incluyen los del sector minero que sufren peores demoras.

Pocos parecen entender la complejidad de lo que sucede en los sectores productivos del petróleo y la minería, cuyo crecimiento se ve amenazado por factores políticos.

Está de moda hablar en contra de la inversión petrolera y minera. Incluso en los departamentos petroleros, rociados generosamente con años de regalías, los líderes locales piden que desaparezca la inversión petrolera y minería para que ellos puedan volver a la agricultura y el ganado. Durante décadas nuestro país fue ignorado por los grandes inversionistas internacionales debido a las imposibles condiciones de seguridad.

También queremos olvidar las épocas en las que Colombia mantenía una precaria balanza energética que constituía una de sus mayores debilidades estructurales. Parece como si el país no se hubiese beneficiado de los millonarios recursos derivados del sector energético. ¿Qué habría sido de la economía colombiana sin los ingresos petroleros y mineros?

Es cierto que la variable ambiental en los temas energéticos es una de las más complejas y delicadas.
También es innegable que las externalidades de estos proyectos suelen ser considerables. Con razón se quejan los habitantes del Llano del pésimo estado de las carreteras destruidas, en parte, por el tráfico pesado de carrotanques. Pero esto es culpa del Gobierno y de años de descuido en la política de infraestructura que no invirtió en vías y oleoductos.

Lo que hay que hacer es invertir en oleoductos y puertos mineros, en lugar de cerrar los pozos y las minas. En el caso de la minería, está demostrado hasta la saciedad que los proyectos más contaminantes y depredadores son los informales, que no requieren licencia y que proliferan al amparo de la protección de paramilitares y políticos corruptos.

Queremos ignorar que el sector energético se ha convertido en el botín de los políticos y grupos ilegales. En las próximas elecciones, las alcaldías de los municipios petroleros y mineros serán objeto de rapiña por parte de las mafias políticas. Todos lo sabemos y no hacemos nada.

Un recurso vital para nuestro desarrollo cae lentamente en las manos, esas sí depredadoras, de los corruptos, los ‘paracos’ y la guerrilla.

Colombia está lejos de ser un país petrolero y minero.

La energía es una de nuestras palancas al desarrollo. Sin sus recursos será imposible hacer las inversiones sociales que requerimos. Podemos hacerlo bien, protegiendo el equilibrio ambiental con controles eficaces y luchando contra la minería informal. O podemos hacerlo mal y dejar que la guerrilla infiltre las empresas con sindicatos bajo su control y los corruptos se queden con las regalías. Los malos nos están tomando ventaja. El sector pinta maluco.

miércoles, 7 de septiembre de 2011

La meritocracia liberal

Asumiendo en plenitud mi posición de Delfín, debo decir que es sorprendente que el sector político en donde mejor y más florecen los delfines es en el democrático, igualitario y popular Partido Liberal. Tal vez escribo esta columna por envidia, al ver como los delfines liberales hoy protagonizan la gran unión de ese partido entre todas sus vertientes y, en cambio, los delfines conservadores a duras penas intervienen en algo de la política azul.  Me dirán que los conservadores tuvieron a Pastranita. Es verdad, pero por un Pastranita que ocupó el solio de Bolívar hubo un Lopecitos, un Santicos y tal vez veamos a un Lleritas. Otra fue la suerte de los conservadores frente a sus delfines: ¡Ni el gran Álvaro llegó a la Presidencia!

No hay duda, los delfines liberales comandan la parada roja. Tengo el gusto de tener de Presidente de la Cámara de Representantes, a Simoncito Gaviria, delfín del buen César. Cuando voy por los corredores del Congreso y veo a Simocito hablando con Galancito, de inmediato sé que se avecina una importante decisión del Partido Liberal, probablemente en el sentido de unificar el Partido de Galancito I (el senador liberal) con el de Galancito II (el concejal de Cambio Radical que se lanzó de alcalde). En efecto, Carlos Fernando Galán, delfín de su padre, compite por los votos de Lunita, candidato del Partido Liberal (apoyado por Simoncito, ni más faltaba) e hijo del doctor David Luna Bisbal, muy amable caballero que militó activamente en el Partido al que también pertenece su hijo. A propósito, qué pereza ser Galancito III y tener que escoger entre los diferentes candidatos y partidos de los hermanos mayores.

Sigo con paso apresurado por el corredor del Congreso, pues no se puede llegar tarde a una sesión en la que ha sido citado el ministro Germán Vargas Lleras, nieto del doctor Lleras Restrepo. Cuando salgo, veo muy contento a Sampercito, hijo del expresidente Samper y destacado funcionario del Ministerio del Interior y de la Justicia. Se me sube el ánimo y pregunto a qué se debe la felicidad de Sampercito. “Fácil”- me responde un colega- “está celebrando la entrada por la puerta grande de Serpita a la política”. Es cierto. De hecho, la renovación de la política liberal en Bogotá está liderada por Horacito José Serpa y por Miguelito Uribe Turbay (nieto del doctor Turbay Ayala), candidatos al Concejo de nuestra capital. Qué maravilla, digo para mis adentros, esto es como la segunda, o mejor, la tercera o cuarta esperanza para la política liberal en Colombia.

Me pregunto qué pensarán otros delfines del Partido Liberal, tal vez opacados por estos jóvenes. ¿Delfín reemplaza Delfín?  ¿Qué dirán Alfonsito, Julio César, Carolina Barco, Virgilito o el doctor Lleras de la Fuente, al ver que otra generación de delfines se apodera del gran Partido Liberal? Sin duda la meritocracia y la igualdad entre copartidarios han sido y serán motores determinantes del proceso de reunificación del partido que representa al pueblo liberal.

http://www.kienyke.com/2011/08/12/la-meritocracia-liberal/

Magnicidios y verdad

Los magnicidios son tan antiguos como la humanidad. El de Abel por Caín es probablemente el primero pero sería imposible recopilar la influencia que han tenido los asesinatos políticos en la historia. Sin la muerte de César probablemente no hubiera existido el imperio romano. El asesinato del Duque de Guise es un hecho trascendental en la consolidación de Francia. La muerte de Lincoln marcó el proceso político estadounidense y postergó el inevitable avance hacia la integración social. El asesinato del Archiduque Francisco Fernando dio inicio a la Primera Guerra Mundial y a la explosión de los nacionalismos. El de Kennedy ha dado lugar a la mayor cantidad de especulaciones sobre las razones y los autores del crimen que conmovió al mundo. En Colombia los magnicidios de Uribe Uribe, Gaitán, Galán y Alvaro Gómez han marcado la historia con sellos indelebles.

Una de las características más comunes de los magnicidios es que son siempre interpretados de forma política. Por la naturaleza de la víctima, siempre una figura política de primer orden, proliferan las versiones sobre los autores y las causas que llevaron a estos crímenes. En ocasiones el crimen es para evitar que algo suceda. En otras se trata de precipitar los eventos. En algunos escenarios lo importante es el autor del hecho; en otros lo importante es la simbología.

Pero sea cual sea el caso, el magnicidio es siempre un hecho traumático en la historia. En el caso de Colombia, el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán es un excelente ejemplo de los peligros que tiene para la historia no aclarar los autores y las causas que lo produjeron. Para algunos, incluida la comisión internacional encargada de la investigación, Gaitán fue asesinado por un solitario de nombre Juan Roa Sierra. El gobierno conservador señaló a la internacional comunista como autora del asesinato con el propósito de sabotear la Conferencia Panamericana en la que los Estados Unidos ejercían el papel de líder. Para una parte de los liberales oficialistas, Gaitán era una amenaza para el establecimiento del partido. Dado que nunca hubo certeza de quién ni por qué habían asesinado a Gaitán, cada fracción encontró en este hecho histórico una justificación para su accionar. Los conservadores radicalizaron su obsesión anticomunista. Los gaitanistas justificaron el recurso a la violencia pues el pueblo había sido privado de su líder. Los liberales oficialistas excluyeron de su partido a las tendencias de izquierda entregándolas a grupos que posteriormente evolucionaron hacia las vertientes más radicales de la guerrilla.

Grave es el asesinato de cualquier persona. Grave es el magnicidio pues el crimen vincula a todos los que se sienten relacionados con el personaje. La muerte de Luis Carlos Galán sigue siendo un hito en la historia de varias generaciones que sintieron la desesperanza que implicaba el desafío del narcotráfico. Ese crimen, parcialmente dilucidado, es un punto de inflexión en el tránsito a la nueva Constitución de 1991. No hay duda que los capos ordenaron el asesinato de Galán. Pero persisten las especulaciones sobre la participación de miembros de los cuerpos de seguridad y líderes políticos en este caso.

En el caso de Alvaro Gómez, la impunidad es total. Durante quince años la justicia no ha querido investigar un hecho criminal que también marca la historia política reciente de Colombia. A estas alturas, no hay ni condenados ni sindicados por la muerte de Gómez. Las líneas de investigación que se han seguido no han conducido a nada y por lo contrario resultan sospechosas. Es evidente que existe una conspiración para ocultar, desaparecer y desviar las investigaciones en direcciones sin futuro. La total ineficacia de la justicia no sorprende en el caso de este país donde reina la impunidad. Pero en el magnicidio de Gómez hay dos motivos por los cuales es importante aclarar lo acontecido. El primero de ellos es para castigar a los culpables. Pero el segundo es aún más importante pues se trata de aclarar, para la historia, quiénes y por qué razones, se tomó la decisión de abatir al líder.

Nada deslegitima más al poder democrático que la impunidad y la mentira. Aclarar el asesinato de Alvaro Gómez es vital para que los colombianos crean que hay esperanza en la justicia. Pero también es importante para que puedan conocer la verdad de lo acontecido, cerrar este triste capítulo de nuestra historia y enfrentar el futuro con seguridad. Más grave aún que el magnicidio es la impunidad.

Elegir bien: un deber

“Nuevamente la ciudadanía residente en Bogotá tiene la palabra”

NO es tarea fácil pero tampoco imposible, emprender desde ya la recuperación de
la ciudad. El 29 de mayo los partidos tuvieron la responsabilidad de establecer el
primer filtro a quienes aspiraban a participar en las consultas para integrar las listas a
corporaciones públicas que en octubre deben elegir ediles y concejales. El trabajo
hay que comenzarlo por la base y aquí el compromiso está en la ciudadanía.

En todas las localidades saben de tiempo atrás quiénes son los políticos que
trabajan en beneficio de las comunidades y cuáles acuden al engaño para hacerse
elegir; no hay excusa para ignorar una realidad agobiante que amenaza con
destruir el esfuerzo de los gobiernos que en el pasado lo hicieron bien y trazaron la
ruta del optimismo.

Quienes deseen formar parte de las Juntas Administradoras Locales en la capital,
tienen la obligación de presentar a sus comunidades una información precisa de
sus pretensiones, y mostrar que sus aspiraciones no están precedidas de intereses
personales sino que desean representar ante la Administración Local y Central a
ese puñado de conciudadanos que confían que por su gestión van a ser tenidos en
cuenta.

Los ediles son los inmediatos servidores públicos con quienes la ciudadanía tiene el
primer contacto. Es a ellos a quienes corresponde ventilar los problemas que
afectan a sus localidades, razón más que suficiente para pensar que quienes
aspiran a ocupar esas posiciones tienen la obligación moral de actuar
cristalinamente. Si logramos que en este primer ejercicio democrático queden los
mejores tendremos garantizado el comienzo del cambio.

Para evitar que el retroceso de la ciudad se perpetúe tenemos que actuar ya, y
esa posibilidad está en sus conciencias. Denunciar todo cuanto afecte el libre
ejercicio de la democracia. La corrupción que se enquistó en la Administración
Distrital ya comenzó a desbaratarse y con ello se abre la posibilidad de recuperar
la ciudad. Los bogotanos se equivocaron hace 4 años al elegir a Samuel. Esta vez
tenemos que acertar.

Sólo con un candidato de Unidad, que interprete los intereses de todos cuantos
vivimos en esta urbe, que esté por encima de los partidos, se podrá reiniciar la
reconstrucción política de la capital. Estamos a tiempo de enderezar la actividad
política y ello se logra si acudimos a las urnas de forma masiva a respaldar a
nuestros candidatos en la consulta de mayo.

Nuevamente la ciudadanía residente en Bogotá tiene la palabra, de ustedes
depende que las personas que resulten elegidas puedan garantizar un trabajo
transparente por la ciudad, donde no tengan cabida las coimas y los carruseles
sean hechos del pasado a los que la Justicia impuso su máxima condena.

domingo, 5 de junio de 2011

Señores magistrados…. ¿en qué están pensando?

Parecería un chiste escuchar que Al Qaeda envió un mensaje de felicitación a la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, al tiempo que los gobiernos de Irán y Libia emitieron un pronunciamiento público en el que aplaudían la actuación de esa Corporación judicial. Lo que en ciertos hemisferios sería absurdo e imposible, en nuestro trópico resulta igualmente absurdo y sin embargo  posible.  ¿Cómo así que ANNCOL y el abogado de Joaquín Pérez, portavoz internacional de las FARC, aplaudían en todos los micrófonos la decisión de nuestra Corte Suprema de Justicia en el sentido de no darle ninguna validez a las pruebas recuperadas durante la operación Fénix contra Raúl Reyes? Lo anterior al tiempo que los abogados de todos los políticos vinculados con la farco- política festejaban el veredicto de la Corte y los gobiernos de Rafael Correa y de Hugo Chávez felicitaban con entusiasmo la decisión del alto tribunal colombiano. Ha sido tristemente “normal” que los aliados de las FARC se solidaricen con las causas que ese grupo guerrillero defiende, como el canje negociado de terroristas por soldados o el despeje de un área…¡pero que esos mismos aliados (ANNCOL, Chávez, Correa, Joaquín Pérez etc.) expresen ahora toda su solidaridad y apoyo frente a la Corte Suprema de Justicia!
¿No es esto el mundo al revés? ¿Hasta dónde ha llegado nuestra justicia, como para que mezquinos intereses políticos estén por encima de la seguridad nacional y de la lucha integral y a brazo partido contra el terrorismo?
 Esta decisión fue una peligrosa ridiculez, suficiente para confundir al más interesado de los expertos. No soy abogado y en días como hoy me siento particularmente satisfecho de no serlo. Pues al igual que la inmensa mayoría de los colombianos, yo también vi estupefacto cómo la Corte le cerró las puertas a uno de los escándalos más graves de nuestra historia reciente, el de la farco-política, con unas argucias que demuestran cómo en este país las formas están por encima del fondo. A la Corte no le bastó con que esas pruebas si hubieran sido avaladas por la Interpol, la Corte Penal Internacional o la Audiencia Nacional Española. No solo dijo la Corte que se “inhibía” para conocer sobre tales pruebas, sino que, aún en el caso en que se propusiera revisarlas, consideraba que no eran válidas pues los correos fueron allegados en archivo “Word” y no en archivo de “e-mail”. Como quien dice, la operación Fénix no sólo fue un acto ilegal cuyos resultados no pueden ser aceptados de plano, sino que las pruebas “ilegalmente” recopiladas son vulgares montajes hechos en “Word”.
¿Cómo nos deja este mensaje ante la comunidad internacional y particularmente frente a los países que demandan a Colombia por la operación Fénix? ¿En dónde queda la moral de la tropa? ¿Con qué pruebas espera la Corte procesar a un arsenal de farco- políticos que han hecho tanto daño como los para- políticos y que gracias a esta sentencia hoy pueden dormir seguros de que la justicia en Colombia no los perseguirá? ¿En qué están pensando estos magistrados?

lunes, 14 de marzo de 2011

Profecía que tiene en vilo a Bogotá

Como si se tratara de una profecía apocalíptica, los bogotanos hablan con horror sobre la inevitable catástrofe que padecerán a partir de mayo. Resignados, miles de conciudadanos se preparan para ver como la carrera séptima será destrozada sin previa planeación, bulldozerizada por varios años y enterrada entre horribles mallas verdes, mientras reinará un caos vehicular y de tráfico nunca antes visto en la historia de esta ciudad.

A veces se justifica imponer condiciones duras a la ciudadanía en busca de un mejor futuro para todos. Pero resulta necio maltratar innecesariamente a los bogotanos, sólo por cuenta de leguleyadas y falta de planeación distrital. El caso paradigmático de este ejemplo es la nefasta y estúpida obra que el Distrito se empeña en realizar sobre la carrera séptima a partir de mayo.

¿De qué sirve apresurarse a construir un transmilenio ligero sobre la séptima, concebido para ser una línea de soporte al metro, cuando ni siquiera se han iniciado las obras del tan anhelado metro?

¿Por qué acelerar el inicio de una obra que trastornará profundamente la movilidad vehicular en la capital cuando aún no se han terminado otras que también nos tienen sumidos en los peores trancones?

Tengo la esperanza de que la ciudadanía no se dejará meter este gol de forma tan lamentablemente pasiva y resignada como nos hemos dejado meter todos los demás (la 26, los Nule, el Contralor Distrital, etc.) Este es un país curioso. Los camioneros protestan, se movilizan y obtienen lo que quieren. Igual con los maestros, los transportadores y tantos otros gremios. Yo me pregunto, ¿cuándo es que la ciudadanía va a hacer lo propio, se movilizará y evitará que, por ejemplo, el Alcalde Moreno destroce irresponsablemente la sétima mientras cientos de miles de bogotanos padeceremos insufribles trancones por los próximos 3 o 4 años?

Veo con entusiasmo cómo diferentes grupos de ciudadanos se están organizando para detener esta hecatombe que se nos viene en ciernes. Es de destacar el movimiento “La séptima se respeta” liderado por Angélica Lozano (www. laseptimaserespeta.wordpress.com) que con excelentes argumentos ha demostrado el craso error que resultaría emprender las obras previstas para mayo. Abundan además los grupos en Facebook que se oponen al comienzo de estas obras, todos ciudadanos preocupados por evitar que su nivel de vida se deteriore considerablemente a partir de mayo.

Invito a los bogotanos a que no nos quedemos sentados, mirando con resignación como Samuel Moreno destroza la última avenida que aún no era víctima de sus contrataciones y desaciertos. Acompañemos a tantos grupos y movimientos cívicos que pacíficamente le exigirán al Alcalde no destruir la poca movilidad y malla vial aceptable que queda en Bogotá.

jueves, 10 de febrero de 2011

¿Qué quiso decir la Fiscal?

En reciente entrevista, la nueva Fiscal General anunció que ella no iría al exterior a tomar ninguna declaración. Fue más allá. Añadió que no permitirá a ninguno de sus fiscales salir del territorio nacional para recibir testimonios. “Todos los interrogatorios tienen que presentarse en la República de Colombia” manifestó la Fiscal, “eso es parte de la dignidad de la justicia colombiana”. Remató diciendo que estaba muy molesta pues a comienzos de este año un Fiscal delegado viajó a Miami a tomarle declaraciones a uno de los Nule, ya que ello socavaba la majestad de nuestras instituciones. Lo dijo en RCN, en la W y en la FM.
La Fiscal parece ignorar que gracias a declaraciones obtenidas en el exterior es que se están destapando varios escándalos que de otra forma seguirían sepultados. Rota la nefasta “ley del silencio” que amedrenta en Colombia a muchísimos testigos –varios de ellos ex capos extraditados- han comenzado a declarar libremente desde la seguridad de una cárcel en los Estados Unidos o sencillamente desde la serenidad de un país en donde no asesinan a los “sapos” ni a sus familiares. Declaraciones obtenidas en el exterior a personas como los Nule, Georgio Sale, Mancuso, Don Berna, El Alemán, “Rasguño” o David Murcia, y tantos otros testigos, son fundamentales para avanzar en muchas investigaciones. Si algún día la justicia colombiana espera llegar al fondo de escándalos como la para-política, las masacres de los paramilitares a campesinos, periodistas y sindicalistas, las grandes operaciones de lavado y corrupción estatal, el proceso 8.000 los magnicidios de Galán, Gómez Hurtado y Jaime Garzón, la filtraciones mafiosas en las altas cortes o las verdaderas dimensiones de la estafa colectiva que fue D.M.G., será gracias a los testimonios de sus protagonistas, casi todos presos o fugitivos en el extranjero.
¿La Fiscal olvidó que en Colombia las mafias asesinan a sus delatores? ¿Acaso olvidó que una de las falencias fundamentales en nuestro sistema judicial es que no es capaz de ofrecer garantías de supervivencia a las personas que testifiquen contra el crimen organizado?  
De modo que la advertencia, varias veces reiterada, según la cual la Fiscal “no permitirá que ninguno de sus fiscales tome declaraciones en el extranjero”, tuvo que ser música para los oídos de varios para-políticos, narco-jueces, narco-políticos y capos de la mafia, encantados al saber que nuestro sistema judicial se empeñará en escuchar exclusivamente  declaraciones de testigos en Colombia, a los que pueden seguir amenazando y matando en caso de que digan la verdad.
Más que ver a un Fiscal colombiano montado en un vuelo Bogotá Miami, lo que verdaderamente vulnera la dignidad de la Justicia en Colombia es que reine la impunidad y que los responsables de los escándalos más dolorosos permanezcan libres gracias al silencio de muchos testigos que, por razones de supervivencia, no se atreven a declarar contra ellos desde el territorio nacional.
Ojalá esta cuestionable posición del ente acusador no se convierte una gabela adicional a los delincuentes.

lunes, 17 de enero de 2011

Que conste

Durante el segundo semestre del año que terminó, algunos sectores del Partido Liberal y de la prensa no desfallecieron en sostener que yo tramaba el saboteo de la ley de víctimas y tierras actuando como principal representante de los oscuros intereses e interesados que se verían afectados con la expedición e implementación de la ley. Tales afirmaciones, todas falsas, fueron la consecuencia de tres actuaciones mías, a saber: i) haberme opuesto a la unión del proyecto de ley víctimas con el proyecto de ley de tierras, temas que consideré (y aún considero) se deben tramitar en forma separada ii) haber sometido mi impedimento a consideración de la Cámara, ya que siendo sobrino de una víctima mortal por causa de la violencia política podría haberme visto “beneficiado” con la eventual ley y iii) haber manifestado en forma pública y con absoluta franqueza las reservas que me genera el proyecto de ley en cuanto al tema fiscal se refiere. Lo diré una vez más y no dejaré de decirlo: ¡Miguel Gómez no está en contra de ley de víctimas y restitución de tierras! No sólo apoyo el proyecto por ser una de las banderas legislativas del gobierno presidido por el fundador del Partido de la U, al que pertenezco, sino porque genuinamente creo que podría ser un paso definitivo para la tan anhelada reconciliación nacional. 

Dicho lo anterior, creo que es un deber de cualquier congresista manifestar al gobierno, a sus colegas y a la opinión pública sus sinceras observaciones e inquietudes frente a cualquier proyecto de ley. No hacerlo sería una irresponsabilidad, una lamentable falta de carácter y un imperdonable irrespeto con mis electores y con el mismo gobierno al que espero servir, no con falsos halagos sino con francas reflexiones.

No encuentro mejor oportunidad que esta para recordarle a algunos periodistas y políticos que todavía me acusan de ser el “enemigo número uno” de la ley de víctimas, apartes de algunos de mis escritos en los últimos meses, pues sin saberlo resultaron constancias que hoy demuestran cuánto interés y optimismo invertí en el proyecto de ley que fue aprobado por la Cámara de Representantes el año pasado.

El presente proyecto de ley de restitución de tierras es una reacción contundente y necesaria, por parte del Estado colombiano, para enfrentar con rigor a las mafias que lo tienen todo, en defensa de los desposeídos que no tienen nada. Por ello, a buena hora el Gobierno Nacional, mediante esta iniciativa que entrará a revisar la Comisión I de la Cámara de Representantes, ha decidido levantar un velo que engaña a la sociedad colombiana ocultándole las verdaderas dimensiones de la conspiración mafiosa que ha despojado a miles de campesinos de sus predios, desfigurando irreparablemente las proporciones frente a la tenencia y a la propiedad de la tierra en Colombia”:Primer párrafo de la ponencia favorable que radiqué en octubre del 2010 ante la presidencia de la Comisión Primera.

Con el proyecto de ley de víctimas y restitución de tierras, el gobierno del Presidente Santos le propone a la Cámara de Representantes una de las reformas de mayor impacto social, político, internacional y fiscal que hayamos visto desde 1991. La responsabilidad del Congreso debe estar a la altura de semejante proyecto de ley, que si se tramita y estudia con juicio conducirá al país hacia un verdadero proceso de reconciliación nacional”.

Si la ley de víctimas sale bien puede ser la puerta de entrada hacia una verdadera y duradera  reconciliación nacional. Pero si esta ley se redacta sin atender juiciosos criterios de seguridad jurídica, soporte institucional permanente y coordinado y equilibrio fiscal, la ley podrá ser la puerta hacia un escenario de frustración nacional.  

miércoles, 20 de octubre de 2010

Ante una Comisión eunuca, podrá sucumbir la Reforma a la Justicia

Al tiempo que José Manuel Vivanco denunciaba la grave situación en Colombia, por cuenta de la cual vamos para un año y cuatro meses sin tener Fiscal General de la Nación, en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes parece cada vez más hundido un proyecto de ley por virtud del cual se pretende corregir la permanente interinidad en cargos públicos designados por las altas cortes. El proyecto, que presenté a comienzos de la presente legislatura, ni siquiera se hunde por razones de fondo. Al menos 12 parlamentarios se han declarado impedidos para poder participar y votar en la discusión del proyecto, pues alegan que las actuales acusaciones que tienen ante las altas cortes les impiden pronunciarse sobre un proyecto de ley que afecta el funcionamiento de la Justicia. Ante el mar de impedimentos, ayer fue imposible conseguir el quórum necesario para poder entrar a debatir el proyecto de ley que propuse.

Yo me pregunto: ¿cuántos impedimentos habrá en marzo, cuando el gobierno presente la anunciada reforma a la justicia? Si ante un proyecto que sólo pretende fijar un término de tres meses para que las altas cortes elijan Fiscal se presentan tantos impedimentos que resulta imposible debatir el proyecto, ¿cuántos impedimentos no se irán a presentar cuando se debata en Comisión reformas que sí alteran de manera profunda la sustancia y composición de la cúpula de la Justicia en Colombia? 

Sin irrespeto pero con la más absoluta franqueza, advertí ayer a mis colegas parlamentarios una realidad evidente y gravísima: que dado el alto número de impedimentos, la Comisión Primera de la Cámara de Representantes ha quedado prácticamente “inhabilitada” para debatir y tramitar leyes que se refieran a la justicia. ¡Tamaño inconveniente para una Comisión constitucional y legal cuyos temas de resorte son, precisamente, aquellos relacionados con la administración de Justicia! Esta realidad carece de toda presentación y cuestiona peligrosamente la legitimidad de la Comisión I y del Congreso.

En una lamentable manifestación de bajeza argumentativa y política, una representante del Partido Liberal respondió a mi advertencia con una insultante diatriba contra mi persona y mi familia, sobre la cual ni siquiera me pronunciaré. Pero por más cortinas de humo y argumentos ad hominem, ningún parlamentario podrá negar la contundencia de la realidad que ayer se verificó: que la cantidad de impedimentos presentados en la Comisión para tratar temas relacionados con la Justicia pone en grave peligro  el trámite de leyes que pretendan reformar el sistema judicial en Colombia.

miércoles, 8 de septiembre de 2010

Tasando el sufrimiento de las víctimas: ¿Cuál vale más?

Horrorizado ante el ciclo de mascares perpetuadas por las FARC la semana pasada, en las cuales murieron (¡algunos incinerados y luego rematados a quemarropa!) más de 30 personas, entre miembros de la Fuerza Pública y civiles, no pude contener mi indignación al verificar que ninguno de los portales de las ONG’s “pro derechos humanos” denunciara el hecho. Ni el “Colectivo Alvear Restrepo” ni el “Codhes”, ni la “Corporación Nuevo Arco-Iris”, Movice o Amnistía Internacional, por citar solo algunas de las corporaciones que fungen entre los principales defensores de derechos humanos en Colombia, pronunciaron un acento sobre el tema. Hice la tarea de revisar, caso por caso, más de 15 portales cibernéticos de estas reconocidas ONG’s y ni una sola denunció, o siquiera mencionó el hecho.

Para empezar, me parece una absoluta falta de respeto con las víctimas y de coherencia consigo mismas, que organizaciones constituidas para defender los derechos humanos denuncien algunas masacres y otras no. ¿Qué masacre no merece ser denunciada? Así hayan sido las FARC los perpetuadores de los asesinatos cometidos la semana pasada,  ¿cómo es que tan activas y diligentes entidades y otras similares (organizaciones constituidas –insisto- para defender los derechos humanos) no los denuncian? ¿El dolor de una viuda hecha por las FARC merece menos atención que el dolor de un huérfano hecho por un paramilitar? ¿Por qué?

En segundo lugar, el silencio de estas organizaciones ante hechos semejantes pone en entredicho su verdadero y objetivo compromiso con la defensa de los derechos humanos y de las víctimas, sean quienes sean, y permite evidenciar que en su entraña existe un claro sesgo ideológico, una agenda política propia que les impide conmoverse ante el sufrimiento de algunos sectores de la sociedad, que también han sido cruelmente castigados por el conflicto.

Los hechos anteriores, más allá de causarme una momentánea indignación, me llevaron a una preocupante pregunta, ¿en manos de quienes está la defensa de los derechos humanos en Colombia? Semejante tema, que es vital para nuestra sociedad, no puede ser el monopolio de unas cuantas organizaciones que no sólo tienen su agenda política (casi partidista) sino que ignoran deliberadamente el sufrimiento de lo que probablemente sea más  del 50% de las víctimas: ¡las víctimas de la violencia guerrillera por Dios!

El sufrimiento de los colombianos desgarrados por el conflicto armado no puede ser el capital político de nadie. La defensa de los derechos humanos no puede ser un tema ni de derecha ni de izquierda. Cualquier Partido político decente tiene que defender los derechos humanos, no es una opción, es un mandato constitucional, es un acuerdo sobre lo fundamental al que ya llegó la sociedad colombiana. Hacer de los derechos humanos un tema de “izquierda” es peligrosísimo, es romper con un acuerdo al que ya habíamos llegado y permitir que mientras se escucha y se atiende el dolor de algunos, se desprecie e ignore el de otros.