Que conste

Durante el segundo semestre del año que terminó, algunos sectores del Partido Liberal y de la prensa no desfallecieron en sostener que yo tramaba el saboteo de la ley de víctimas y tierras actuando como principal representante de los oscuros intereses e interesados que se verían afectados con la expedición e implementación de la ley. Tales afirmaciones, todas falsas, fueron la consecuencia de tres actuaciones mías, a saber: i) haberme opuesto a la unión del proyecto de ley víctimas con el proyecto de ley de tierras, temas que consideré (y aún considero) se deben tramitar en forma separada ii) haber sometido mi impedimento a consideración de la Cámara, ya que siendo sobrino de una víctima mortal por causa de la violencia política podría haberme visto “beneficiado” con la eventual ley y iii) haber manifestado en forma pública y con absoluta franqueza las reservas que me genera el proyecto de ley en cuanto al tema fiscal se refiere. Lo diré una vez más y no dejaré de decirlo: ¡Miguel Gómez no está en contra de ley de víctimas y restitución de tierras! No sólo apoyo el proyecto por ser una de las banderas legislativas del gobierno presidido por el fundador del Partido de la U, al que pertenezco, sino porque genuinamente creo que podría ser un paso definitivo para la tan anhelada reconciliación nacional. 

Dicho lo anterior, creo que es un deber de cualquier congresista manifestar al gobierno, a sus colegas y a la opinión pública sus sinceras observaciones e inquietudes frente a cualquier proyecto de ley. No hacerlo sería una irresponsabilidad, una lamentable falta de carácter y un imperdonable irrespeto con mis electores y con el mismo gobierno al que espero servir, no con falsos halagos sino con francas reflexiones.

No encuentro mejor oportunidad que esta para recordarle a algunos periodistas y políticos que todavía me acusan de ser el “enemigo número uno” de la ley de víctimas, apartes de algunos de mis escritos en los últimos meses, pues sin saberlo resultaron constancias que hoy demuestran cuánto interés y optimismo invertí en el proyecto de ley que fue aprobado por la Cámara de Representantes el año pasado.

“El presente proyecto de ley de restitución de tierras es una reacción contundente y necesaria, por parte del Estado colombiano, para enfrentar con rigor a las mafias que lo tienen todo, en defensa de los desposeídos que no tienen nada. Por ello, a buena hora el Gobierno Nacional, mediante esta iniciativa que entrará a revisar la Comisión I de la Cámara de Representantes, ha decidido levantar un velo que engaña a la sociedad colombiana ocultándole las verdaderas dimensiones de la conspiración mafiosa que ha despojado a miles de campesinos de sus predios, desfigurando irreparablemente las proporciones frente a la tenencia y a la propiedad de la tierra en Colombia”:Primer párrafo de la ponencia favorable que radiqué en octubre del 2010 ante la presidencia de la Comisión Primera.

“Con el proyecto de ley de víctimas y restitución de tierras, el gobierno del Presidente Santos le propone a la Cámara de Representantes una de las reformas de mayor impacto social, político, internacional y fiscal que hayamos visto desde 1991. La responsabilidad del Congreso debe estar a la altura de semejante proyecto de ley, que si se tramita y estudia con juicio conducirá al país hacia un verdadero proceso de reconciliación nacional”.

Si la ley de víctimas sale bien puede ser la puerta de entrada hacia una verdadera y duradera  reconciliación nacional. Pero si esta ley se redacta sin atender juiciosos criterios de seguridad jurídica, soporte institucional permanente y coordinado y equilibrio fiscal, la ley podrá ser la puerta hacia un escenario de frustración nacional.