miércoles, 21 de septiembre de 2011

Pinta maluco

Pasó inadvertida una reciente noticia publicada por Portafolio (septiembre 6 del 2011), según la cual hay cerca de 100 proyectos petroleros frenados por la lentitud en la expedición de licencias ambientales.
Los proyectos representan inversiones por 6.700 millones de dólares y podrían estar generando rentas mensuales por algo más de 230 millones de dólares para la economía colombiana. Y estas cifras no incluyen los del sector minero que sufren peores demoras.

Pocos parecen entender la complejidad de lo que sucede en los sectores productivos del petróleo y la minería, cuyo crecimiento se ve amenazado por factores políticos.

Está de moda hablar en contra de la inversión petrolera y minera. Incluso en los departamentos petroleros, rociados generosamente con años de regalías, los líderes locales piden que desaparezca la inversión petrolera y minería para que ellos puedan volver a la agricultura y el ganado. Durante décadas nuestro país fue ignorado por los grandes inversionistas internacionales debido a las imposibles condiciones de seguridad.

También queremos olvidar las épocas en las que Colombia mantenía una precaria balanza energética que constituía una de sus mayores debilidades estructurales. Parece como si el país no se hubiese beneficiado de los millonarios recursos derivados del sector energético. ¿Qué habría sido de la economía colombiana sin los ingresos petroleros y mineros?

Es cierto que la variable ambiental en los temas energéticos es una de las más complejas y delicadas.
También es innegable que las externalidades de estos proyectos suelen ser considerables. Con razón se quejan los habitantes del Llano del pésimo estado de las carreteras destruidas, en parte, por el tráfico pesado de carrotanques. Pero esto es culpa del Gobierno y de años de descuido en la política de infraestructura que no invirtió en vías y oleoductos.

Lo que hay que hacer es invertir en oleoductos y puertos mineros, en lugar de cerrar los pozos y las minas. En el caso de la minería, está demostrado hasta la saciedad que los proyectos más contaminantes y depredadores son los informales, que no requieren licencia y que proliferan al amparo de la protección de paramilitares y políticos corruptos.

Queremos ignorar que el sector energético se ha convertido en el botín de los políticos y grupos ilegales. En las próximas elecciones, las alcaldías de los municipios petroleros y mineros serán objeto de rapiña por parte de las mafias políticas. Todos lo sabemos y no hacemos nada.

Un recurso vital para nuestro desarrollo cae lentamente en las manos, esas sí depredadoras, de los corruptos, los ‘paracos’ y la guerrilla.

Colombia está lejos de ser un país petrolero y minero.

La energía es una de nuestras palancas al desarrollo. Sin sus recursos será imposible hacer las inversiones sociales que requerimos. Podemos hacerlo bien, protegiendo el equilibrio ambiental con controles eficaces y luchando contra la minería informal. O podemos hacerlo mal y dejar que la guerrilla infiltre las empresas con sindicatos bajo su control y los corruptos se queden con las regalías. Los malos nos están tomando ventaja. El sector pinta maluco.

miércoles, 7 de septiembre de 2011

La meritocracia liberal

Asumiendo en plenitud mi posición de Delfín, debo decir que es sorprendente que el sector político en donde mejor y más florecen los delfines es en el democrático, igualitario y popular Partido Liberal. Tal vez escribo esta columna por envidia, al ver como los delfines liberales hoy protagonizan la gran unión de ese partido entre todas sus vertientes y, en cambio, los delfines conservadores a duras penas intervienen en algo de la política azul.  Me dirán que los conservadores tuvieron a Pastranita. Es verdad, pero por un Pastranita que ocupó el solio de Bolívar hubo un Lopecitos, un Santicos y tal vez veamos a un Lleritas. Otra fue la suerte de los conservadores frente a sus delfines: ¡Ni el gran Álvaro llegó a la Presidencia!

No hay duda, los delfines liberales comandan la parada roja. Tengo el gusto de tener de Presidente de la Cámara de Representantes, a Simoncito Gaviria, delfín del buen César. Cuando voy por los corredores del Congreso y veo a Simocito hablando con Galancito, de inmediato sé que se avecina una importante decisión del Partido Liberal, probablemente en el sentido de unificar el Partido de Galancito I (el senador liberal) con el de Galancito II (el concejal de Cambio Radical que se lanzó de alcalde). En efecto, Carlos Fernando Galán, delfín de su padre, compite por los votos de Lunita, candidato del Partido Liberal (apoyado por Simoncito, ni más faltaba) e hijo del doctor David Luna Bisbal, muy amable caballero que militó activamente en el Partido al que también pertenece su hijo. A propósito, qué pereza ser Galancito III y tener que escoger entre los diferentes candidatos y partidos de los hermanos mayores.

Sigo con paso apresurado por el corredor del Congreso, pues no se puede llegar tarde a una sesión en la que ha sido citado el ministro Germán Vargas Lleras, nieto del doctor Lleras Restrepo. Cuando salgo, veo muy contento a Sampercito, hijo del expresidente Samper y destacado funcionario del Ministerio del Interior y de la Justicia. Se me sube el ánimo y pregunto a qué se debe la felicidad de Sampercito. “Fácil”- me responde un colega- “está celebrando la entrada por la puerta grande de Serpita a la política”. Es cierto. De hecho, la renovación de la política liberal en Bogotá está liderada por Horacito José Serpa y por Miguelito Uribe Turbay (nieto del doctor Turbay Ayala), candidatos al Concejo de nuestra capital. Qué maravilla, digo para mis adentros, esto es como la segunda, o mejor, la tercera o cuarta esperanza para la política liberal en Colombia.

Me pregunto qué pensarán otros delfines del Partido Liberal, tal vez opacados por estos jóvenes. ¿Delfín reemplaza Delfín?  ¿Qué dirán Alfonsito, Julio César, Carolina Barco, Virgilito o el doctor Lleras de la Fuente, al ver que otra generación de delfines se apodera del gran Partido Liberal? Sin duda la meritocracia y la igualdad entre copartidarios han sido y serán motores determinantes del proceso de reunificación del partido que representa al pueblo liberal.

http://www.kienyke.com/2011/08/12/la-meritocracia-liberal/

Magnicidios y verdad

Los magnicidios son tan antiguos como la humanidad. El de Abel por Caín es probablemente el primero pero sería imposible recopilar la influencia que han tenido los asesinatos políticos en la historia. Sin la muerte de César probablemente no hubiera existido el imperio romano. El asesinato del Duque de Guise es un hecho trascendental en la consolidación de Francia. La muerte de Lincoln marcó el proceso político estadounidense y postergó el inevitable avance hacia la integración social. El asesinato del Archiduque Francisco Fernando dio inicio a la Primera Guerra Mundial y a la explosión de los nacionalismos. El de Kennedy ha dado lugar a la mayor cantidad de especulaciones sobre las razones y los autores del crimen que conmovió al mundo. En Colombia los magnicidios de Uribe Uribe, Gaitán, Galán y Alvaro Gómez han marcado la historia con sellos indelebles.

Una de las características más comunes de los magnicidios es que son siempre interpretados de forma política. Por la naturaleza de la víctima, siempre una figura política de primer orden, proliferan las versiones sobre los autores y las causas que llevaron a estos crímenes. En ocasiones el crimen es para evitar que algo suceda. En otras se trata de precipitar los eventos. En algunos escenarios lo importante es el autor del hecho; en otros lo importante es la simbología.

Pero sea cual sea el caso, el magnicidio es siempre un hecho traumático en la historia. En el caso de Colombia, el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán es un excelente ejemplo de los peligros que tiene para la historia no aclarar los autores y las causas que lo produjeron. Para algunos, incluida la comisión internacional encargada de la investigación, Gaitán fue asesinado por un solitario de nombre Juan Roa Sierra. El gobierno conservador señaló a la internacional comunista como autora del asesinato con el propósito de sabotear la Conferencia Panamericana en la que los Estados Unidos ejercían el papel de líder. Para una parte de los liberales oficialistas, Gaitán era una amenaza para el establecimiento del partido. Dado que nunca hubo certeza de quién ni por qué habían asesinado a Gaitán, cada fracción encontró en este hecho histórico una justificación para su accionar. Los conservadores radicalizaron su obsesión anticomunista. Los gaitanistas justificaron el recurso a la violencia pues el pueblo había sido privado de su líder. Los liberales oficialistas excluyeron de su partido a las tendencias de izquierda entregándolas a grupos que posteriormente evolucionaron hacia las vertientes más radicales de la guerrilla.

Grave es el asesinato de cualquier persona. Grave es el magnicidio pues el crimen vincula a todos los que se sienten relacionados con el personaje. La muerte de Luis Carlos Galán sigue siendo un hito en la historia de varias generaciones que sintieron la desesperanza que implicaba el desafío del narcotráfico. Ese crimen, parcialmente dilucidado, es un punto de inflexión en el tránsito a la nueva Constitución de 1991. No hay duda que los capos ordenaron el asesinato de Galán. Pero persisten las especulaciones sobre la participación de miembros de los cuerpos de seguridad y líderes políticos en este caso.

En el caso de Alvaro Gómez, la impunidad es total. Durante quince años la justicia no ha querido investigar un hecho criminal que también marca la historia política reciente de Colombia. A estas alturas, no hay ni condenados ni sindicados por la muerte de Gómez. Las líneas de investigación que se han seguido no han conducido a nada y por lo contrario resultan sospechosas. Es evidente que existe una conspiración para ocultar, desaparecer y desviar las investigaciones en direcciones sin futuro. La total ineficacia de la justicia no sorprende en el caso de este país donde reina la impunidad. Pero en el magnicidio de Gómez hay dos motivos por los cuales es importante aclarar lo acontecido. El primero de ellos es para castigar a los culpables. Pero el segundo es aún más importante pues se trata de aclarar, para la historia, quiénes y por qué razones, se tomó la decisión de abatir al líder.

Nada deslegitima más al poder democrático que la impunidad y la mentira. Aclarar el asesinato de Alvaro Gómez es vital para que los colombianos crean que hay esperanza en la justicia. Pero también es importante para que puedan conocer la verdad de lo acontecido, cerrar este triste capítulo de nuestra historia y enfrentar el futuro con seguridad. Más grave aún que el magnicidio es la impunidad.

Elegir bien: un deber

“Nuevamente la ciudadanía residente en Bogotá tiene la palabra”

NO es tarea fácil pero tampoco imposible, emprender desde ya la recuperación de
la ciudad. El 29 de mayo los partidos tuvieron la responsabilidad de establecer el
primer filtro a quienes aspiraban a participar en las consultas para integrar las listas a
corporaciones públicas que en octubre deben elegir ediles y concejales. El trabajo
hay que comenzarlo por la base y aquí el compromiso está en la ciudadanía.

En todas las localidades saben de tiempo atrás quiénes son los políticos que
trabajan en beneficio de las comunidades y cuáles acuden al engaño para hacerse
elegir; no hay excusa para ignorar una realidad agobiante que amenaza con
destruir el esfuerzo de los gobiernos que en el pasado lo hicieron bien y trazaron la
ruta del optimismo.

Quienes deseen formar parte de las Juntas Administradoras Locales en la capital,
tienen la obligación de presentar a sus comunidades una información precisa de
sus pretensiones, y mostrar que sus aspiraciones no están precedidas de intereses
personales sino que desean representar ante la Administración Local y Central a
ese puñado de conciudadanos que confían que por su gestión van a ser tenidos en
cuenta.

Los ediles son los inmediatos servidores públicos con quienes la ciudadanía tiene el
primer contacto. Es a ellos a quienes corresponde ventilar los problemas que
afectan a sus localidades, razón más que suficiente para pensar que quienes
aspiran a ocupar esas posiciones tienen la obligación moral de actuar
cristalinamente. Si logramos que en este primer ejercicio democrático queden los
mejores tendremos garantizado el comienzo del cambio.

Para evitar que el retroceso de la ciudad se perpetúe tenemos que actuar ya, y
esa posibilidad está en sus conciencias. Denunciar todo cuanto afecte el libre
ejercicio de la democracia. La corrupción que se enquistó en la Administración
Distrital ya comenzó a desbaratarse y con ello se abre la posibilidad de recuperar
la ciudad. Los bogotanos se equivocaron hace 4 años al elegir a Samuel. Esta vez
tenemos que acertar.

Sólo con un candidato de Unidad, que interprete los intereses de todos cuantos
vivimos en esta urbe, que esté por encima de los partidos, se podrá reiniciar la
reconstrucción política de la capital. Estamos a tiempo de enderezar la actividad
política y ello se logra si acudimos a las urnas de forma masiva a respaldar a
nuestros candidatos en la consulta de mayo.

Nuevamente la ciudadanía residente en Bogotá tiene la palabra, de ustedes
depende que las personas que resulten elegidas puedan garantizar un trabajo
transparente por la ciudad, donde no tengan cabida las coimas y los carruseles
sean hechos del pasado a los que la Justicia impuso su máxima condena.