Pasó inadvertida una reciente noticia publicada por Portafolio (septiembre 6 del 2011), según la cual hay cerca de 100 proyectos petroleros frenados por la lentitud en la expedición de licencias ambientales.
Los proyectos representan inversiones por 6.700 millones de dólares y podrían estar generando rentas mensuales por algo más de 230 millones de dólares para la economía colombiana. Y estas cifras no incluyen los del sector minero que sufren peores demoras.
Pocos parecen entender la complejidad de lo que sucede en los sectores productivos del petróleo y la minería, cuyo crecimiento se ve amenazado por factores políticos.
Está de moda hablar en contra de la inversión petrolera y minera. Incluso en los departamentos petroleros, rociados generosamente con años de regalías, los líderes locales piden que desaparezca la inversión petrolera y minería para que ellos puedan volver a la agricultura y el ganado. Durante décadas nuestro país fue ignorado por los grandes inversionistas internacionales debido a las imposibles condiciones de seguridad.
También queremos olvidar las épocas en las que Colombia mantenía una precaria balanza energética que constituía una de sus mayores debilidades estructurales. Parece como si el país no se hubiese beneficiado de los millonarios recursos derivados del sector energético. ¿Qué habría sido de la economía colombiana sin los ingresos petroleros y mineros?
Es cierto que la variable ambiental en los temas energéticos es una de las más complejas y delicadas.
También es innegable que las externalidades de estos proyectos suelen ser considerables. Con razón se quejan los habitantes del Llano del pésimo estado de las carreteras destruidas, en parte, por el tráfico pesado de carrotanques. Pero esto es culpa del Gobierno y de años de descuido en la política de infraestructura que no invirtió en vías y oleoductos.
Lo que hay que hacer es invertir en oleoductos y puertos mineros, en lugar de cerrar los pozos y las minas. En el caso de la minería, está demostrado hasta la saciedad que los proyectos más contaminantes y depredadores son los informales, que no requieren licencia y que proliferan al amparo de la protección de paramilitares y políticos corruptos.
Queremos ignorar que el sector energético se ha convertido en el botín de los políticos y grupos ilegales. En las próximas elecciones, las alcaldías de los municipios petroleros y mineros serán objeto de rapiña por parte de las mafias políticas. Todos lo sabemos y no hacemos nada.
Un recurso vital para nuestro desarrollo cae lentamente en las manos, esas sí depredadoras, de los corruptos, los ‘paracos’ y la guerrilla.
Colombia está lejos de ser un país petrolero y minero.
La energía es una de nuestras palancas al desarrollo. Sin sus recursos será imposible hacer las inversiones sociales que requerimos. Podemos hacerlo bien, protegiendo el equilibrio ambiental con controles eficaces y luchando contra la minería informal. O podemos hacerlo mal y dejar que la guerrilla infiltre las empresas con sindicatos bajo su control y los corruptos se queden con las regalías. Los malos nos están tomando ventaja. El sector pinta maluco.
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