Ante una Comisión eunuca, podrá sucumbir la Reforma a la Justicia

Al tiempo que José Manuel Vivanco denunciaba la grave situación en Colombia, por cuenta de la cual vamos para un año y cuatro meses sin tener Fiscal General de la Nación, en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes parece cada vez más hundido un proyecto de ley por virtud del cual se pretende corregir la permanente interinidad en cargos públicos designados por las altas cortes. El proyecto, que presenté a comienzos de la presente legislatura, ni siquiera se hunde por razones de fondo. Al menos 12 parlamentarios se han declarado impedidos para poder participar y votar en la discusión del proyecto, pues alegan que las actuales acusaciones que tienen ante las altas cortes les impiden pronunciarse sobre un proyecto de ley que afecta el funcionamiento de la Justicia. Ante el mar de impedimentos, ayer fue imposible conseguir el quórum necesario para poder entrar a debatir el proyecto de ley que propuse.

Yo me pregunto: ¿cuántos impedimentos habrá en marzo, cuando el gobierno presente la anunciada reforma a la justicia? Si ante un proyecto que sólo pretende fijar un término de tres meses para que las altas cortes elijan Fiscal se presentan tantos impedimentos que resulta imposible debatir el proyecto, ¿cuántos impedimentos no se irán a presentar cuando se debata en Comisión reformas que sí alteran de manera profunda la sustancia y composición de la cúpula de la Justicia en Colombia? 

Sin irrespeto pero con la más absoluta franqueza, advertí ayer a mis colegas parlamentarios una realidad evidente y gravísima: que dado el alto número de impedimentos, la Comisión Primera de la Cámara de Representantes ha quedado prácticamente “inhabilitada” para debatir y tramitar leyes que se refieran a la justicia. ¡Tamaño inconveniente para una Comisión constitucional y legal cuyos temas de resorte son, precisamente, aquellos relacionados con la administración de Justicia! Esta realidad carece de toda presentación y cuestiona peligrosamente la legitimidad de la Comisión I y del Congreso.

En una lamentable manifestación de bajeza argumentativa y política, una representante del Partido Liberal respondió a mi advertencia con una insultante diatriba contra mi persona y mi familia, sobre la cual ni siquiera me pronunciaré. Pero por más cortinas de humo y argumentos ad hominem, ningún parlamentario podrá negar la contundencia de la realidad que ayer se verificó: que la cantidad de impedimentos presentados en la Comisión para tratar temas relacionados con la Justicia pone en grave peligro  el trámite de leyes que pretendan reformar el sistema judicial en Colombia.

Tasando el sufrimiento de las víctimas: ¿Cuál vale más?

Horrorizado ante el ciclo de mascares perpetuadas por las FARC la semana pasada, en las cuales murieron (¡algunos incinerados y luego rematados a quemarropa!) más de 30 personas, entre miembros de la Fuerza Pública y civiles, no pude contener mi indignación al verificar que ninguno de los portales de las ONG’s “pro derechos humanos” denunciara el hecho. Ni el “Colectivo Alvear Restrepo” ni el “Codhes”, ni la “Corporación Nuevo Arco-Iris”, Movice o Amnistía Internacional, por citar solo algunas de las corporaciones que fungen entre los principales defensores de derechos humanos en Colombia, pronunciaron un acento sobre el tema. Hice la tarea de revisar, caso por caso, más de 15 portales cibernéticos de estas reconocidas ONG’s y ni una sola denunció, o siquiera mencionó el hecho.

Para empezar, me parece una absoluta falta de respeto con las víctimas y de coherencia consigo mismas, que organizaciones constituidas para defender los derechos humanos denuncien algunas masacres y otras no. ¿Qué masacre no merece ser denunciada? Así hayan sido las FARC los perpetuadores de los asesinatos cometidos la semana pasada,  ¿cómo es que tan activas y diligentes entidades y otras similares (organizaciones constituidas –insisto- para defender los derechos humanos) no los denuncian? ¿El dolor de una viuda hecha por las FARC merece menos atención que el dolor de un huérfano hecho por un paramilitar? ¿Por qué?

En segundo lugar, el silencio de estas organizaciones ante hechos semejantes pone en entredicho su verdadero y objetivo compromiso con la defensa de los derechos humanos y de las víctimas, sean quienes sean, y permite evidenciar que en su entraña existe un claro sesgo ideológico, una agenda política propia que les impide conmoverse ante el sufrimiento de algunos sectores de la sociedad, que también han sido cruelmente castigados por el conflicto.

Los hechos anteriores, más allá de causarme una momentánea indignación, me llevaron a una preocupante pregunta, ¿en manos de quienes está la defensa de los derechos humanos en Colombia? Semejante tema, que es vital para nuestra sociedad, no puede ser el monopolio de unas cuantas organizaciones que no sólo tienen su agenda política (casi partidista) sino que ignoran deliberadamente el sufrimiento de lo que probablemente sea más  del 50% de las víctimas: ¡las víctimas de la violencia guerrillera por Dios!

El sufrimiento de los colombianos desgarrados por el conflicto armado no puede ser el capital político de nadie. La defensa de los derechos humanos no puede ser un tema ni de derecha ni de izquierda. Cualquier Partido político decente tiene que defender los derechos humanos, no es una opción, es un mandato constitucional, es un acuerdo sobre lo fundamental al que ya llegó la sociedad colombiana. Hacer de los derechos humanos un tema de “izquierda” es peligrosísimo, es romper con un acuerdo al que ya habíamos llegado y permitir que mientras se escucha y se atiende el dolor de algunos, se desprecie e ignore el de otros. 

A buena hora archivamos en Comisión I el proyecto de ley de cuotas propuesto por la senadora Piedad Córdoba

Dicen que en tiempo de la colonia, lo primero que hacía un encomendero al llegar a una zona recién descubierta era ofrecer un par de alijas y espejos al cacique local a cambio de lo cual este le garantizaba la sumisión y el impuesto de la tribu que tenía a su cargo. El matrimonio entre élites nativas locales y poder central es tan viejo como la explotación y la subordinación de las minorías étnicas a un Estado opresor. Los jeques árabes pactaron con los franceses la sumisión de Argelia así como los Majarás negociaron con el Imperio británico la entrega definitiva de la India. Son varios los ejemplos históricos aquellos que forjaron el terrible concepto del cipayo.

Llegué a tales reflexiones pues no podía creer el proyecto de ley presentado por la senadora Piedad Córdoba, a través del cual pretendía ofrecer a las élites políticas de las “comunidades afrocolombianas e indígenas” cuotas de participación burocrática en todas las instancias del poder público con el objeto de “fomentar la participación de minorías históricamente excluidas”. Piedad Córdoba cree que es negociando más burocracia con las élites políticas del Chocó que los cientos de miles de afrocolombianos que viven por debajo del índice de pobreza obtendrán más oportunidades, participación e igualdad.

Con las valiosas excepciones de rigor, la clase política que dice tener la vocería de las comunidades menos privilegiadas se ha destacado por el abandono y la corrupción en que han sumido a sus regiones. ¿Considera la senadora Córdoba que es dándole más cuotas políticas al investigado ex personero Rojas Birry que superaremos los índices de desigualdad? Recuerdo el repudio que sentí cuando se descubrió que unos políticos del Chocó destinaban la bienestarina que debía ser repartida en jardines infantiles a las marraneras de unos amigos empresarios de Quibdó. ¿Es mimando con burocracia a esos políticos como lograremos mayor inclusión? Seguro que no, aunque probablemente la “red política” de la senadora Córdoba aumente en líderes y adeptos burocráticos a través de todas las entidades estatales.

Los afrocolombianos y los indígenas no son menores de edad ni incapaces de consolidar, por ellos mismos, una eficiente y ejemplar clase política. Ellos no necesitan que Piedad Córdoba pacte con sus políticos tradicionales mayores cuotas de poder burocrático en el Estado para salir de la miseria. Lo que necesitan (y a lo cual tienen todo el derecho) es que el Estado invierta sin pereza en salud, educación y obras públicas en sus regiones. También necesitan que la inversión privada se vuelque hacia esas zonas tan ricas en recursos naturales y capacidad humana. Con los mismos recursos públicos y niveles de educación de otras regiones como Antioquia o Cundinamarca, la población del Chocó o del sur del Cauca saldrá de la miseria y la exclusión, pues tienen el mismo potencial intelectual y la misma capacidad de trabajo que un paisa o un bogotano. La inclusión de las minorías menos favorecidas se logra con igualdad de oportunidades e inversión social por parte del Estado y no con un falso paternalismo, que en el fondo oculta el histórico pacto clientelista entre el poder central y un puñado de políticos regionales. A buena hora, el proyecto fue archivado por la Comisión I de la Cámara de Representantes. 

La justicia politizada

Que el hombre sea “un animal político” y que el concepto de “lo político” se encuentra en cualquier actividad humana no quiere decir que siempre que alguien esté almorzando o comprando un par de zapatos deba estar pensando por quién va a votar en las próximas elecciones. Asimismo, que en las altas cortes de este país, como en cualquier corporación humana, haya “política”, no significa que cuando un juez profiera una sentencia siempre deba estar pensando en sus relaciones con algún congresista o en sus intereses burocráticos en tal o cual entidad del Estado.

La politización de los jueces en Colombia no es un tema nuevo, pero como casi todos los problemas graves, suele crecer con el tiempo. No hace mucho, era rarísimo ver  al presidente de una alta corte salir en los medios. Sólo ante situaciones de extrema gravedad aparecía el Presidente de la Corte Suprema, por radio o televisión,  en un extraordinario gesto para solidarizarse con la institucionalidad amenazada. Hoy las ruedas de prensa de los magistrados son tan corrientes como en su momento lo fueron los consejos comunitarios del ex Presidente Uribe. Los jueces ya no se manifiestan a través de sus providencias, ahora lo hacen por tele pronter. Es increíble que hoy por hoy los  estudiantes de derecho no se enteren de las más importantes decisiones judiciales leyendo una sentencia sino revisando un “comunicado de prensa”. ¡El caso más dramático es el de la sentencia del referendo, Uribe no es Presidente y todavía no conocemos el texto de la sentencia!

Contrasta la desmedida actividad mediática y política de las altas cortes con su muy lenta (y en algunos casos paralizada) actividad en cuanto a muchas de sus labores constitucionales y legales. El caso más dramático es el de la designación de Fiscal General en propiedad por parte de la Corte Suprema de Justicia. Colombia lleva más de un año sin Fiscal  porque la Corte no ha encontrado el tiempo necesario para ponerse de acuerdo en la toma de una decisión de vital importancia para la nación. ¡Dicha Corporación ni siquiera se ha puesto de acuerdo para elegir Presidente de la Corte Suprema! (Arrubla está encargado) Amén de la congestión judicial, los problemas en la administración de la rama etc. No puedo ni quiero afirmar que todos los magistrados sean y hayan sido unos manzanillos, pero a pesar de admirables ejemplos de pulcritud es difícil que ejemplos como los anteriores no manchen (con injusticia) el todo de la alta rama judicial.

El problema no parece ser uno de diseño institucional. Ajustes más ajustes menos, el modelo de justicia fundamentalmente planteado en la Constituyente de 1991 responde a la organización judicial básica de un Estado de Derecho moderno (derechos fundamentales, sistema penal acusatorio, acción de tutela, tribunal constitucional etc.) La cuestión puede estar más en los integrantes que componen la institución, que en la institución en sí misma. ¿Y ese problema cómo se resuelve?