Dicen que en tiempo de la colonia, lo primero que hacía un encomendero al llegar a una zona recién descubierta era ofrecer un par de alijas y espejos al cacique local a cambio de lo cual este le garantizaba la sumisión y el impuesto de la tribu que tenía a su cargo. El matrimonio entre élites nativas locales y poder central es tan viejo como la explotación y la subordinación de las minorías étnicas a un Estado opresor. Los jeques árabes pactaron con los franceses la sumisión de Argelia así como los Majarás negociaron con el Imperio británico la entrega definitiva de la India. Son varios los ejemplos históricos aquellos que forjaron el terrible concepto del cipayo.
Llegué a tales reflexiones pues no podía creer el proyecto de ley presentado por la senadora Piedad Córdoba, a través del cual pretendía ofrecer a las élites políticas de las “comunidades afrocolombianas e indígenas” cuotas de participación burocrática en todas las instancias del poder público con el objeto de “fomentar la participación de minorías históricamente excluidas”. Piedad Córdoba cree que es negociando más burocracia con las élites políticas del Chocó que los cientos de miles de afrocolombianos que viven por debajo del índice de pobreza obtendrán más oportunidades, participación e igualdad.
Con las valiosas excepciones de rigor, la clase política que dice tener la vocería de las comunidades menos privilegiadas se ha destacado por el abandono y la corrupción en que han sumido a sus regiones. ¿Considera la senadora Córdoba que es dándole más cuotas políticas al investigado ex personero Rojas Birry que superaremos los índices de desigualdad? Recuerdo el repudio que sentí cuando se descubrió que unos políticos del Chocó destinaban la bienestarina que debía ser repartida en jardines infantiles a las marraneras de unos amigos empresarios de Quibdó. ¿Es mimando con burocracia a esos políticos como lograremos mayor inclusión? Seguro que no, aunque probablemente la “red política” de la senadora Córdoba aumente en líderes y adeptos burocráticos a través de todas las entidades estatales.
Los afrocolombianos y los indígenas no son menores de edad ni incapaces de consolidar, por ellos mismos, una eficiente y ejemplar clase política. Ellos no necesitan que Piedad Córdoba pacte con sus políticos tradicionales mayores cuotas de poder burocrático en el Estado para salir de la miseria. Lo que necesitan (y a lo cual tienen todo el derecho) es que el Estado invierta sin pereza en salud, educación y obras públicas en sus regiones. También necesitan que la inversión privada se vuelque hacia esas zonas tan ricas en recursos naturales y capacidad humana. Con los mismos recursos públicos y niveles de educación de otras regiones como Antioquia o Cundinamarca, la población del Chocó o del sur del Cauca saldrá de la miseria y la exclusión, pues tienen el mismo potencial intelectual y la misma capacidad de trabajo que un paisa o un bogotano. La inclusión de las minorías menos favorecidas se logra con igualdad de oportunidades e inversión social por parte del Estado y no con un falso paternalismo, que en el fondo oculta el histórico pacto clientelista entre el poder central y un puñado de políticos regionales. A buena hora, el proyecto fue archivado por la Comisión I de la Cámara de Representantes.
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